- Tras la reciente Auto de La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo al Gobierno para que indique el órgano concreto responsable del cumplimiento “íntegro y efectivo” del cese de emisiones de nueve canales de TDT (tres de Atresmedia, dos de Mediaset, dos de Veo TV y dos de Net TV), advirtiendo de que, en caso de no cumplir la sentencia, será multado y podría incurrir en responsabilidad penal.
- El Auto recuerda que el plazo para cumplir el fallo, finaliza el 6 de mayo. ”Si transcurrido dicho tiempo no se ha procedido al cese de emisiones, la Sala indica que actuara en los términos contemplados en el artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, es decir, transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, “las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado”, entre las que se encuentra la opción de sancionar al infractor -autoridades, funcionarios o agentes- con multas desde 150 a 1.500 €, que podrán reiterarse hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. Además, se podría deducir el oportuno testimonio de particulares “para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
- El Ministerio de Industria ha requerido a los cuatro radiodifusores privados de ámbito nacional para que cese la emisión de los citados nueve canales antes del 6 de mayo.
- UTECA la asociación que agrupa a los radiodifusores privados ha realizado el siguiente comunicado que reproducimos en su integridad:
LA INACCIÓN GUBERNAM ENTAL PROVOCA EL CIERRE DE NUEVE CANALES DE TELEVISIÓN
El Ministerio de Industria ha ordenado hoy el cese de nueve canales de TDT
Madrid, 27 de marzo de 2014 – Invocando la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2012, fundamentada en la constatación de un mero defecto formal de la Administración en el proceso de tránsito de la televisión analógica a la TDT, el Ministerio de Industria ha requerido a los cuatro operadores nacionales de televisión para que cesen la emisión de nueve canales antes del 6 de mayo.
En estos dieciocho meses el Ministerio de Industria ha tenido la oportunidad, como ha hecho en otros sectores, de subsanar el defecto administrativo señalado por el Tribunal Supremo pues, como la sentencia reconoce abiertamente, los operadores privados han dado pleno cumplimiento a todas las múltiples y gravosas obligaciones exigidas legalmente desde 2005 hasta hoy.
Sin embargo, Industria ha optado por hacer recaer su responsabilidad sobre los operadores y especialmente sobre los ciudadanos, quienes serán los principales perjudicados por esta inaudita medida, sin ningún antecedente conocido en países democráticos, que reduce drásticamente la oferta audiovisual y el pluralismo televisivo, y que supone una grave lesión de los principios de seguridad jurídica.
Los operadores, que ya han pedido amparo al Tribunal Constitucional, utilizarán todos los medios a su alcance en el supuesto de que no se adopten las medidas necesarias para solucionar esta situación.
Durante la mañana del día 20, en la Fundación Mapfre de la avenida General Perón, 40, y enmarcado en el FORO TIC organizado por la Comunidad de Madrid, tuvo lugar la Presentación del Plan de Banda Ancha para comunidades de propietarios.
La presentación estuvo a cargo de Juan José García, Presidente de AMIITEL, la cual tuvo una gran acogida entre todos los asistentes, entre ellos los principales actores de las telecomunicaciones en la región: administración central y autonómica, fabricantes, operadores, administradores de fincas, ingenieros, etc.
Como se recordará por otros comunicados el Plan busca solucionar un problema que actualmente existen en la mayoría de las comunidades de propietarios para acceder a Internet. El Plan posibilitará la renovación integral y la ampliación de las redes de telecomunicaciones interiores de los edificios, de modo que con ello se asegure el acceso a los servicios de internet de alta velocidad ofrecidos actualmente por la mayoría de los operadores, asegurando su neutralidad tecnológica y ampliando el abanico de elección de los usuarios.
Efectivamente, el Plan se dirige fundamentalmente a las comunidades de propietarios sin ICT, norma que comenzó a garantizar a los ciudadanos una conexión de calidad y a un precio razonable, y donde se determina que los operadores tienen que llegar con sus tecnologías hasta sus inmuebles y que es responsabilidad de la comunidad de propietarios el disponer de unas instalaciones de telecomunicaciones interiores adecuadas y que permitan conectarnos a estos servicios.
No solo se trata de solucionar la actual maraña de cables, presente en tantos edificios, sino incluso reducir la denominada Brecha Digital, tratando de conseguir que todos los ciudadanos participen de los beneficios de las TIC, todos los vecinos, discapacitados o no, mayores o no, y, por supuesto, con arreglo al principio de neutralidad tecnológica, es decir, que cada usuario pueda elegir libremente a su operador de Internet.
